A menos de dos semanas para las elecciones regionales y municipales programadas para el 26 y 27 de octubre, el país se prepara para un proceso crucial en la vida democrática. En estas elecciones, 15.450.377 ciudadanos están convocados a elegir a sus representantes locales, lo que incluye gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Este evento no solo representa una oportunidad para que la ciudadanía exprese su voluntad, sino que también establece responsabilidad en el ejercicio del voto.
El Servicio Electoral (Servel) ha enfatizado la obligatoriedad de la participación ciudadana, lo que implica que aquellos que se ausenten sin una justificación válida enfrentarán sanciones económicas. Las modificaciones recientes a la Ley 18.700 han estipulado que las multas por no votar se fijaron en un monto único de 0,5 UTM, equivalente a $33.280 pesos. Este cambio, resultado de un veto presidencial y la posterior aprobación del Congreso, busca promover una mayor participación y compromiso cívico entre los ciudadanos.
Sin embargo, la legislación considera excepciones a esta obligatoriedad, lo cual es fundamental para garantizar que no se penalice a quienes se encuentren en circunstancias excepcionales. Las situaciones que eximen de la multa incluyen enfermedades, estar en el extranjero o en localidades alejadas, así como desempeñar funciones esenciales según la ley correspondiente.