Cada 7 de agosto conmemoramos el Día de la Dirigencia Social y Comunitaria, fecha en que se efectuó la publicación de la Ley N°16.880 sobre Organizaciones Comunitarias en el año 1968. Más que una fecha legal, es un reconocimiento a quienes, muchas veces desde el anonimato y sin recursos suficientes, solo con vocación de servicio, sostienen el corazón de nuestras comunidades: las dirigentas y dirigentes sociales.
Su labor es cotidiana, silenciosa, pero con profundoarraigo y vínculo afectivo hacia su comunidad. En momentos de emergencia, en procesos de reconstrucción o en la lucha por derechos básicos, siempre están presentes. Son el primer eslabón entre las necesidades del territorio y las instituciones; son quienes gestionan respuestas cuando aún no llegan los apoyos formales.
Este mes, bajo el lema “Liderazgos que Transforman”, como Gobierno del presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno rinde homenaje a esas personas que entregan su tiempo, su energía y su vocación al servicio de su comunidad. En una sociedad donde en ocasiones prima el individualismo, la dirigencia social representa un acto profundo de compromiso colectivo.
Quienes ejercen este rol lo hacen por convicción. No existe horario ni remuneración. Muchas veces heredan esta vocación familiar o comunitaria, y otras tantas la asumen por una necesidad urgente. Porque alguien lo debe hacer. Desde una junta de vecinos, un club deportivo o una agrupación cultural, generan espacios de participación que unen a personas diversas, ya sea por una causa común o por movilizar voluntades para cambiar realidades.
La dirigencia social, en esencia conecta a la ciudadanía con el Estado, canalizando demandas ciudadanas donde se fortalece la cohesión social gracias a su acción.
En el marco del Mes de la Dirigencia Social, es fundamental reconocer no solo su incansable labor en favor del bien común, sino también la urgencia de garantizar condiciones seguras para su ejercicio. La Constitución, junto con las leyes N° 19.418 y N° 20.500, consagra el rol de las dirigencias como actores claves en la participación ciudadana y la incidencia en políticas públicas. No obstante, muchos de ellos enfrentan amenazas y agresiones, especialmente cuando alzan la voz en temas sensibles como la seguridad. Esta vulnerabilidad no solo debilita la Democracia, sino que también incumple estándares internacionales de protección a defensores de derechos.
Por lo anterior, como gobierno, hemos priorizado la discusión parlamentaria de los boletines N° 11948-07 y N° 12926-07 que avanza en la Cámara de Diputados, donde se plantea el agravante para los delitos contra la integridad de dirigentes sociales y amenazas que puedan sufrir en el ejercicio de sus funciones. Avanzar en marcos legales que resguarden su labor es una tarea ineludible para un Estado democrático que fomenta y cuida la participación ciudadana porque cuando una dirigencia social está mejor preparada, su comunidad también lo está.
Este mes celebramos a quienes hacen posible la participación ciudadana desde los territorios. A quienes creen que cambiar el entorno es posible. A quienes no se rinden, aunque las condiciones no siempre acompañen. Porque sin las dirigencias sociales, simplemente, no hay Chile que se sostenga.