En el marco de la investigación por la arista Democracia Viva del caso Convenios, la Fiscalía presentó acusaciones formales y solicitó penas de presidio contra la diputada desaforada Catalina Pérez y otros tres imputados, a quienes se les atribuye la gestión de transferencias irregulares de fondos públicos hacia la fundación ligada a su entonces pareja, Daniel Andrade, sin que se cumplieran los servicios comprometidos.
El Ministerio Público pidió para Catalina Pérez, Daniel Andrade, Carlos Contreras (exseremi de Vivienda de Antofagasta) y la exconcejala Paz Fuica una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la suspensión de derechos políticos.
La acusación también incluye la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena y la prohibición perpetua para desempeñarse en empresas que contraten con el Estado o que participen en concesiones o servicios de utilidad pública.
Por otros hechos que configurarían tres delitos consumados de fraude al fisco, la Fiscalía solicitó 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio contra Contreras, Fuica, Mery Donoso y Lorena Cisternas, además de las mismas inhabilitaciones y multas. A ello se suman cuatro delitos adicionales atribuidos a Contreras y Fuica, por los cuales se pidió nuevamente una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.
En forma particular, se solicitó para Paz Fuica una condena de cinco años de presidio menor en su grado máximo por un delito consumado de fraude al fisco, mientras que para Carlos Contreras se pidieron cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por otros dos delitos.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Antofagasta advirtió que la acusación no especifica con claridad las responsabilidades individuales de cada imputado y ordenó precisar las atribuciones penales correspondientes.