El Ministerio Público, a través del fiscal regional Juan Castro Bekios y el fiscal a cargo de la causa, Cristian Aguilar, formalizó a los imputados por tres delitos de fraude al fisco y solicitó la prisión preventiva al considerarlos un peligro para la sociedad.
Por su parte, la defensa de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, solicitó no imponer ninguna medida cautelar a su representado, argumentando que, del dinero total involucrado en los traspasos desde el Minvu, solo fueron utilizados un poco más de $131 millones de pesos que fueron debidamente rendidos, mientras que el resto han tratado de ser devueltos por Andrade.
En tanto, la defensa del ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras, sostuvo que los convenios fueron informados previamente a la subsecretaria de la misma cartera, Tatiana Rojas, además de Verónica Serrano, ex jefa del Departamento de Asentamientos Precarios a nivel nacional, quien además es tía del jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi.
Ambos arriesgan de 5 a 15 años de prisión efectiva por los tres delitos de fraude al fisco que ha formalizado la Fiscalía, pues de acuerdo al fiscal Aguilar "la pena se gradúa con base en el valor de lo defraudado, en este caso, más de 400 UTM por convenio".
De esta manera, la jueza de Garantía Sissi Bertoglio-Talap decretó la prisión preventiva para ambos imputados por peligro para la sociedad y estableció un plazo de investigación de seis meses.