Parlamentarios de la UDI anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República por un contrato millonario que firmó el Ministerio de Justicia con una empresa vinculada con un asesor de la titular de la cartera del Trabajo, Jeanette Jara.
El reportaje publicado por Ciper Chile señala que la Subsecretaría de Derechos Humanos pagó de manera directa más de 600 millones de pesos para contratar el desarrollo de una plataforma informática que permitiría gestionar los datos de las personas calificadas como “desaparecidas”, bajo el Plan Nacional de Búsqueda.
No obstante, el punto más grave radica en que, antes de efectuar esta compra, varios funcionarios del departamento público habrían advertido a las autoridades pertinentes la existencia de plataformas de similares características y gratuitos que se ajustaban a sus requerimientos, pero que finalmente no fueron tomadas en cuenta.
En este sentido, el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, mencionó que este hecho podría "representar una clara vulneración a las normas de probidad. Nos llama la atención que se asignen dineros directamente a personas que ya prestan asesorías al gobierno".
En vista de estos antecedentes, los parlamentarios solicitaron que el organismo contralor evalúe la legalidad del acuerdo entre la cartera y la empresa vinculada al asesor de la ministra, tomando en consideración que el trato fue establecido de manera directa y sin ninguna licitación de por medio.