El Sernac presentó una demanda colectiva contra las empresas financieras Emprenor y Emprenort dedicadas al otorgamiento de créditos en la zona norte del país, por incurrir en una serie de incumplimientos a la Ley del Consumidor.
Esto afectó a una gran cantidad de personas, principalmente mujeres dueñas de casa y adultos mayores.
La acción legal fue presentada ante el Primer y Segundo Juzgado Civil de Antofagasta luego de que el Servicio detectara que los créditos que dan estas financieras son productos hipotecarios que no cumplirían con los requisitos mínimos para llevar a cabo estos contratos.
Además, estaban principalmente dirigidos a personas no bancarizadas de bajos ingresos.
Desde el Servicio Nacional del Consumidor señalaron que buscarán que se les apliquen las más altas multas a estas organizaciones.
💰Los créditos son otorgados a personas no bancarizadas de bajos ingresos, como adultos mayores y dueñas de casa propietarias de una vivienda. En caso de morosidad, las financieras ejercen acciones judiciales, solicitando el remate de las mismas
— SERNAC (@SERNAC) February 20, 2025
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“Vamos a buscar las más altas multas para las empresas Emprenort y Emprenor por haber vulnerado la Ley”, señaló la directora (s) del Sernac, Carolina González.
“Aunque nuestro foco principal es que todas las personas que fueron afectadas se les sea restituido todo el dinero cobrado ilegalmente en los casos que corresponda”, agregó.
En específico, estas financieras exigían a las personas que fueran propietarias de una vivienda, para luego hacerlos firmar distintos documentos, como por ejemplo, un contrato de hipoteca con garantía general que contaba con cláusulas abusivas.
En detalle, los préstamos podían ascender hasta los $170 millones, pero debía ser pagado en un máximo de 60 cuotas, siendo cada una de casi $3 millones mensuales.
Ante el no pago, los clientes se veían obligados a repactar su deuda y las empresas ejercían acciones para solicitar el remate de la vivienda del deudor.
El Sernac remitió todos los antecedentes al Ministerio Público para que se indaguen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de que existan conductas constitutivas de delito.