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A las 9 de la mañana de este lunes, la sala del Senado comenzó la revisión y votación de  la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior Víctor Pérez, debido a su actuar ante el paro de camioneros. Se le acusa de haber realizado un trato preferencial y de no haber aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado.

También es criticado por su nula intervención en el manejo de las policías durante las manifestaciones, detonando la acusación tras la caída de un joven al río Mapocho, supuestamente empujado por un carabinero. Víctor Pérez se refirió a la acusación.

El 3 de noviembre pasado, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional en su contra, lo que generó la renuncia del ex senador UDI a las pocas horas. Si ahora, el Senado aprueba la acusación contra Pérez, el ex ministro no podrá ejercer cargos públicos en 5 años. Se espera que la votación se realice a las 5 de la tarde.

Hoy se vota en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Pero ¿de qué se le acusa y qué puede arriesgar? Se cuestiona el rol del ministro frente a la violencia innecesaria y desproporcionada de Carabineros durante las manifestaciones. El caso del joven que cayó al río Mapocho, supuestamente empujado por un uniformado, impulsó la acusación.

También se le acusa de una "excesiva tolerancia" frente al paro de camioneros, por no haber aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que la amenaza de los conductores podría haber dejado a todo Chile desabastecido de elementos esenciales para la vida.

Si la acusación en su contra se aprueba en la Cámara, el ministro Pérez quedará suspendido de su cargo y tendrá que ser reemplazado temporalmente. Y podría ser el subsecretario de esta cartera, Juan Francisco Galli, quien lo reemplace. Y si el Senado aprueba la acusación, Víctor Pérez será removido y no podrá ejercer cargos públicos durante 5 años. Tal y como ocurrió con Andrés Chadwick.

Este jueves, parlamentarios de oposición ingresaron formalmente la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por 13 congresistas, entre ellos Camila rojas, Jaime Naranjo, Tomás Hirsch, Víctor Torres, Jorge Brito, Luis Rocafull y Marcela Hernando.

¿De qué se le acusa? De una mala gestión en materias relacionadas con la violación de los derechos humanos y el paro de los camioneros. El documento señala que el ministro habría vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley y haber dejado de ejecutar las layes. La diputada Camila Rojas explicó lo que motivó esta acusación.

"Desde su nombramiento a la fecha, ha sido tolerante a las conductas contrarias a las obligaciones abocadas al orden público y paz social, desatendiendo su rol de mando, en especial, respecto de Carabineros de Chile", dice parte del documento.

El proceso contra el carabinero Sebastián Zamora, acusado de haber empujado a un adolescente al Río Mapocho durante una protesta, se suma a 1.270 procesos administrativos contra los uniformados, la mayoría durante el estallido, y de los cuales 170 terminaron con sanciones.

De ellos, 16 han sido desvinculados de la institución, 44 sólo recibieron amonestaciones, 19 con una propuesta de expulsión y 91 bajo arresto. El Ministerio Público ha interpuesto 1237 querellas contra Carabineros, con 63 uniformados formalizados; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra 2499 querellas, con 68 imputados.

En cuanto a las detenciones civiles,  entre  el  18  de  octubre  de  2019  y  al  19  de  marzo  de  2020, se registró un total  de  25.558  detenidos por eventos  de orden  público. 84% son hombre, y la mayoría tiene entre 18 a 30 años de edad. Según Minsal, fueron más de 11 mil las personas lesionadas. 347 quedaron con heridas oculares, 5 de ellos con pérdida de visión total, y 7 personas que fallecieron, presuntamente, a manos de carabineros.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, citó para este viernes 9 de octubre a la Comisión para comenzar la Reforma a Carabineros. El Gobierno pretende presentar la Unidad Coordinadora, la cual será integrada por expertos de la sociedad civil.

Reformas que se vienen exigiendo desde la violencia ejercida por uniformados desde el Estallido Social, pero con el caso del joven que habría sido empujado por un carabinero desde el Puente Pío Nono al río Mapocho, la reforma cobró mayor celeridad.

El objetivo de la reforma es “avanzar con máxima urgencia en la recuperación del orden público, con eficacia y legitimidad, sobre la base de un respeto absoluto por los Derechos Humanos”. Entre los integrantes de esta comisión figuran Patricia Muñoz, defensora de los Derechos de la Niñez, Sergio Micco y director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, nuevamente entregó su apoyo a Carabineros y aseguró que la institución ha estado "siempre dispuesta" a entregar todos los antecedentes de los casos donde se ha visto involucrado, como el del uniformado imputado en el caso adolescente que habría sido empujado del puente Pío Nono al río Mapocho.

El carabinero imputado, Sebastián Zamora, llevaba una cámara privada, no autorizada por la institución, por lo que será desvinculado. Pérez explicó que la institución no prohíbe que un carabinero tenga una cámara privada, pero debe declararla.

En cuanto a la Acusación Constitucional contra Víctor Pérez, ésta incluirá tanto el caso del joven que cayó al Río Mapocho, como un capítulo respecto a la violencia ejercida en La Araucanía.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió a Chile una "investigación exhaustiva" sobre el caso del adolescente de 16 años que fue empujado por un carabinero y que cayó de cabeza al Río Mapocho, según quedó en evidencia en imágenes presentadas por Fiscalía, que además mostró intentos por encubrir este hecho por parte del imputado.

La ONU dijo que “es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles"

El carabinero responsable, Sebastián Zamora, quedó en prisión preventiva y enfrenta tres querellas criminales. En tanto, la fiscal a cargo de presentar las pruebas, Ximena Chong, fue amenazada por redes sociales. Le advirtieron que “comience a caminar mirando para atrás”.