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En conversación con Biobío, el exsenador RN, Carlos Cantero, se refirió al segundo Gobierno del expresidente de la República, Sebastián Piñera.

En la entrevista, ahondó en el Estallido Social y aseguró que fue él mismo quien advirtió al exmandatario del descontento social, a lo menos cuatro meses antes del 18 de octubre del 2019.

“Personalmente, planteé al gobierno esto. Las primeras semanas de septiembre se hizo un análisis político. Expliqué lo que se estaba observando como señales muy evidentes y señalé que antes que terminara el año tendríamos una explosión social de magnitud (…) se le dije con toda claridad”.

El exceso del sentido autocrático de Sebastián Piñera habría sido una de las piedras en el camino hacia un Estallido Social. “El Presidente no escuchaba a sus asesores. Tenía un control muy hegemónico sobre sus ministros y cualquiera que fuera representante de una visión crítica, de un pensamiento crítico o de pensamiento de autocrítica, la verdad es que a él no le generaba ninguna gracia. Más bien, buscaba anular esos actores. Esa es la sensación con la que yo me quedé”.

Segundo piso de La Moneda

En la conversación se le consultó sobre Cristián Larroulet, el ex líder del equipo de asesores del segundo piso del Palacio de La Moneda durante la gestión de Piñera. El rol que mantenía “fue precisamente el interlocutor que recibió la información. Él no tenía claridad respecto de la situación política y social”.

“Sus palabras fueron yo diría minimalistas. Y yo no sé si era una visión de él o en realidad era una visión del Presidente Piñera. No sé realmente cuál de los dos era el que tenía la visión minimalista y que pensaba que podía remontar la situación sin mayores conflictos”.

Rol de Piñera en el Plebiscito de Nueva Constitución

Al referirse al Plebiscito del 4 de septiembre y el silencio de Sebastián Piñera, el exsenador Cantero, apunta a que “es estrictamente necesario que Piñera se mantenga absolutamente al margen”.

“Él terminó con una imagen extraordinariamente dañada. Él tiene hoy día una credibilidad muy escasa y en consecuencia casi tiene la condición de cuando orienta en un sentido, el resultado es absolutamente al revés. Repito, él tiene un problema de credibilidad y hacia donde él se orienta, la situación resulta ser contraria”.

A través de su cuenta de Twitter, Sergio Micco relató episodios de presiones políticas, amenazas de muerte e ineficiencias del gobierno. El ahora asesor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, profundizó en sus declaraciones posteriores a la renuncia de su cargo.

Tras presentar su renuncia como director del INDH, Sergio Micco realizó una serie de declaraciones a distintos medios. En estas, relataba los episodios e irregularidades que vivió en su cargo desde octubre del 2019.

En relación a lo que se creía en el interior del INDH, Micco aseguró a Radio Agricultura, que existieron "grandes diferencias con la calificación de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre. Este debate si las violaciones a los Derechos Humanos fueron sistemáticas o no. Si había que refundar Carabineros o no, si habían o no presos políticos".

Renuncia al INDH

Dentro del mismo relato, el exdirector afirmó que "quienes me pidieron la renuncia son personas que uno podría decir que se identifican con la izquierda, con distintas expresiones, y lo que complicó más las cosas, es que son cinco personas las que me la pidieron, pero en el consejo yo pregunté si el nuevo delegado, consejero nombrado por el Presidente de la República, estaba de acuerdo con la solicitud de la renuncia y me dijeron que sí, y con eso se configuraba una mayoría de 6 votos de 11 y yo dije 'bueno, perdí la confianza del consejo, sin dramatismo me voy'".

Bajo la misma declaración, Micco añadió que "la cosa se puso dramática cuando este consejero, que hubo un error formal en su nombramiento, por lo tanto no pudo asumir, me señaló que no, que él no había apoyado esa carta. Entonces, ahí también apareció un segundo problema bastante grave, que es la relación entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Derechos Humanos".

Para finalizar, el asesor del INDH precisó "somos una Institución autónoma, es decir, nosotros elegimos a quiénes nos dirigen, nosotros fijamos nuestras grandes políticas. Y, en este caso, claro, apareció en forma bastante compleja una intervención directa de personas del Ejecutivo sobre el Instituto y eso ha creado esta polémica, que yo pensé que no se iba a producir".

Las "7 verdades" de Sergio Micco

El exdirector, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que "había recuperado su libertad de expresión", por lo que procedería a usarla con toda su fuerza.

Dentro de las "verdades" de Micco, da cuenta sobre la afirmación unánime del consejo del INDH en relación a que desde el 18 de octubre del 2019 se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. También, que se vieron presionados para declarar que en Chile habían presos políticos.

Sobre las mismas afirmaciones, Sergio Micco señaló que en noviembre del 2019 se vio en la obligación de decir que no creía que en Chile existiesen violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

En cuanto al trabajo del Estado de Chile, Micco afirmó que "no está cumpliendo, hasta el día de hoy, con sus deberes de darse los medios para que se investiguen, juzguen y castiguen las violaciones a los DD.HH". Además de señalar que aún no existen informes internacionales que aseguren un ataque masivo a la población civil por parte del Estado.

"Estas son mis siete primeras verdades, que afirmo con humildad y con toda la fuerza que tengo. Es hora de descansar por hoy" concluyó.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso interpuesto por Carabineros en contra del Consejo para la Transparencia.

La acción del organismo iba dirigida a que la policía uniformada entregase las imágenes de las cámaras corporales usadas por efectivos que participaron en detenciones entre el 18 de octubre de 2019 y el 1 de marzo de 2020.

Con el fallo de la corte, la Justicia determinó que la institución deberá entregar los registros capturados por las cámaras corporales durante el Estallido Social.

Se concluye que la regla general consiste en la publicidad de los actos que emanen de los órganos del Estado, de sus fundamentos y los procedimientos adoptados” dice la resolución.

"Se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por Ricardo Yáñez Reveco, General Director de Carabineros de Chile, en contra de la Decisión de Amparo Rol C8051-2020, de 02 de febrero de 2021, adoptada por el Consejo para la Transparencia".

En tanto, el Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Marcelo Araya, aseguró que se respetarán “las decisiones de los tribunales”, agregando que “acatamos cuando se decide un tema de estas características”.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte informó que el material audiovisual del Estallido Social solicitado en la investigación, ya fue entregado.

Un ex capitán de Carabineros fue declarado culpable y condenado a más de siete años de cárcel por delitos cometidos durante el estallido social en Ovalle, región de Coquimbo.

En la lectura de sentencia, Hugo Navarro Corvalán recibió penas acordes a tres delitos donde fue sindicado como autor.

En definitiva, son 6 años de presidio por homicidio frustrado, 541 días por falsificación de instrumento público y 61 días por su responsabilidad en una detención ilegal.

El Fiscal jefe Carlos Jiménez informó que estas penas deberá cumplirlas en forma efectiva.

Los hechos

Respecto a lo sucedido, todo se remonta al 19 de octubre de 2019. En esa oportunidad, pasadas las 21:00 horas, el ex uniformado percutó un tiro a corta distancia en contra de la víctima. Herido, lo aprehendió y trasladó hasta al interior de la Tercera Comisaría de Ovalle.

Producto de esta detención, el afectado resultó con una fractura de pubis derecho y lesiones en la región cervical, tórax posterior, región lumbar y extremidades.

Además, en esa misma jornada, el uniformado ordenó a un sargento realizar un parte policial donde se daba cuenta sobre la detención del joven por maltrato de obra a Carabineros. La acusación resultó ser falsa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del relator Joel Hernández, descartó que los detenidos por el estallido social sean "presos políticos".

En una entrevista concedida al Diario El País de España, el comisionado explicó que: "aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido".

En ese sentido, Hernández remarcó que: "no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar".

"La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social" agregó el comisionado.

Finalmente, se refirió al proyecto de ley que busca indultar a presos de la revuelta. Ante esto, recomendó: "que sea limitada estrictamente a los umbrales que se justifican".

En conversación con Radios Regionales, el Presidente Gabriel Boric, ahondó en materia de derechos humanos en el denominado estallido social y la persecución de los responsables.

En la instancia se le recordó su mensaje del 2021, cuando en un debate presidencial le dijo a su antecesor, el expresidente Sebastián Piñera “Señor Piñera, está avisado. Se le va a perseguir por las graves violaciones a los DDHH”.

“Nosotros no solamente vamos a poner los antecedentes de quienes sean responsables materialmente, sino que también de las autoridades políticas y ese es nuestro deber como Estado, de que no haya impunidad”, dijo.

“No soy yo el encargado de juzgar. De hecho, hace poco nos llegó una comunicación de Fiscalía para justamente poner todos los antecedentes que tengamos y nosotros eso ya lo estamos haciendo”.

Cárcel y sobrepoblación penal

En materia de seguridad y cárceles, apuntó a trabajar en reinserción, mejoramiento carcelario, sin negarse a la posibilidad de usar Punta peuco o el penal Cordillera para presos comunes.

“Nosotros tenemos que hacer inversión a la infraestructura. Justamente además, para que las cárceles sean espacios de resocialización y no de volver permanentemente a delinquir y que no sea un riesgo para la vida”.

“Incluso la persona que ha delinquido tiene derecho a que se respete su integridad física y eso, desgraciadamente, en muchos lugares no ocurre”.

Al ser consultado por la utilización del Penal Cordillera y Punta Peuco por reos comunes, el mandatario señaló que “es una alternativa, no lo descarto, es algo que tenemos que conversar con quienes lo administran hoy día, pero si hace falta espacio, tenemos que utilizar los espacios que tenemos”.  

A su vez, el mandatario aseguró que, actualmente, existen menos antecedentes de los que él quisiera, sobre los responsables de la quema del metro, durante el denominado Estallido Social. “Inteligencia está muy debilitada”, señaló.

Revisa aquí en extenso la conversación con el Presidente de la República, Gabriel Boric:

El Juzgado de Garantía de La Serena rechazó la petición y mantuvo la prisión preventiva a carabinera imputada por el delito de apremios ilegítimos en el marco del estallido social de 2019.

En la revisión de medidas cautelares, el juez Edgardo Pinto Solís, optó por no acoger la solicitud de la defensa de la funcionaria, ya que no se presentaron nuevos datos ni variaron las circunstancias respecto a la vez que se dictó la prisión preventiva.

"Existen antecedentes suficientes (...) que permiten determinar la existencia de la omisión de la imputada al tenor de los resultados producidos como consecuencia de dicha conducta pasiva u omisiva, en particular las lesiones que refieren haber sufrido las víctimas de los hechos".

Cabe recordar que J.W.N.H está imputada a raíz de hechos ocurridos el 21 y 22 de octubre de 2019. En ambas ocasiones, se detuvo a personas por infringir el toque de queda y, de acuerdo a la Fiscalía, en el interior del vehículo se procedió a golpear a las víctimas y a amenazarlas.

De acuerdo a lo denunciado, hubo golpes de puños, de pie, con bastones, insultos e incluso les hicieron cantar el himno nacional. Todo ocurrió a vista y paciencia de la subteniente de Carabineros, quien no frenó las acciones.

Así entonces, la carabinera se mantendrá en prisión preventiva mientras continúa la investigación por apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se anunció durante este miércoles que finalmente no presentarán querellas por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social desencadenada en 2019 durante el denominado Estallido Social.

En el comunicado señalan que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características (…) en efecto, la información con la que se cuenta recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”.

Recordemos que el pasado 10 de mayo, la institución anunció que posiblemente se harían denuncias por delitos de lesa humanidad en contra de los altos mandos de Carabineros por la responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la revuelta social.

Lee el comunicado del INDH sobre la no presentación de querellas por delitos de lesa humanidad en el contexto del Estallido Social:

En libertad y con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, quedó el suboficial de Carabineros, Mario Lincoyán Vera Garrido, tras ser formalizado por el delito de apremios ilegítimos contra una estudiante en el marco del denominado estallido social.

Según la carpeta investigativa del Ministerio Público, todo ocurrió mientras se desarrollaba una manifestación en Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda en la ciudad de Concepción, región del BioBío. En ese contexto, la joven penquista registraba audiovisualmente lo que estaba ocurriendo frente al "Café Colombia" y también incidentes en el sector.

La fiscalía acusa que el suboficial Vera Garrido disparó en cuatro oportunidades la escopeta antidisturbios que portaba en dirección hacia la estudiante universitaria, impactando un balín de goma en su ojo izquierdo, provocando un trauma ocular con secuelas oftalmológicas de disminución de la agudeza y alteración del campo visual junto a estrés postraumático.

El magistrado Johan León Espinoza acogió las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, con el acuerdo de los querellantes y la defensa, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

 

 

Este sábado, el Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, condenó por 12 años de presidio efectivo a Daniel Elías Bustos Trabol, de 24 años, quien ha sido declarado culpable por el delito de incendio perpetrado el 19 de octubre del 2019, en plenas manifestaciones del denominado "estallido social".

Bustos permanecía en prisión preventiva desde enero del 2020 y el pasado marzo fue declarado culpable, el joven fue acusado de haber iniciado el incendio en la estación San Pablo del Metro de Santiago. Según lo declarado en el juicio en marzo, Bustos Trabol lanzó un "objeto portador de fuego, que contenía sustancia inflamable".

El fiscal José Morales explicó que "en este caso, la pena de 12 años de privación de libertad es la que solicitó el Ministerio Público, considerando que se trata de un delito grave, que afectó al transporte público de la Región Metropolitana durante prácticamente ocho meses, en que las más de 100 mil personas que ocupaban el Metro se vieron privados de ese servicio".

El siniestro, ocurrido el 19 de octubre de 2019, provocó perdidas avaluadas en 20.000 millones de pesos, por lo que la estructura quedó "inutilizada para su uso" y la "pérdida total" de un tren que fue consumido por las llamas.

El Panel de Expertos del Transporte Público, sugirió que se aumente el precio de la Red Metropolitana de Movilidad en $30, debido a distintas variables que limitan la autogestión de recursos del sistema, como el precio del petróleo, la inflación y el dólar.

Por ahora, el Gobierno tendrá la última palabra y recordemos que esta misma situación, se vivió en el año 2019, cuando bajo la gestión del expresidente Sebastián Piñera, se gatilló el inicio de la evasión del transporte, desencadenando el denominado “Estallido Social”.

“Es una cifra que no nos trae muy buenos recuerdos: 30 pesos. Esa fue nuestra recomendación. Mirando hacia adelante, nada dice que esto se va a estabilizar y los costos siguen subiendo”, comentó en T13 el presidente del Panel de Expertos, Juan Pablo Montero.

 

La Fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el “resguardo en formato PST de los correos electrónicos” que involucran a los ex ministros del Gobierno de Sebastián Piñera, en supuestos casos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social del 2019.

Los correos solicitados son los emitidos entre el 18 de octubre del 2019 y el 20 de diciembre del 2020, de los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, los ex subsecretarios del Interior, Rodrigo Ubilla, Juan Francisco Galli y el ex asesor en asuntos migratorios, Mijael Bonito.

El pasado 22 de febrero, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reasignó la causa que llevaba la fiscal regional Claudia Perivancich, de la Fiscalía Centro Norte a la Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.

En total, son 263 indagatorias a nivel nacional que presentan causas asociadas a vulneraciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social.

Un proyecto de